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El teletrabajo se ha incrementado considerablemente ante la crisis sanitaria del Covid-19, con el fin de mantener la economía en funcionamiento y reducir los contagios. No es difícil pensar que esta modalidad de trabajo ha venido para quedarse, por lo que es importante entender algunos de sus beneficios (efectos positivos como ahorro en transporte, mayor flexibilidad laboral y una mejor conciliación trabajo-familia, entre otros) y costos (efectos negativos como la pérdida de espacios de colaboración laboral, aislamiento profesional, entre otros) a nivel social, organizacional e individual, los cuales deben ser atendidos desde el punto de vista legal y organizacional. En Chile, en el ámbito legal, se acelera un proceso de regulación, el cual se concreta en la Ley 21.220/2020; que regula aspectos básicos y genera mecanismos de protección para los teletrabajadores que, como se verá, adolece de varios problemas en materia de tutela de derechos, supervisión y alcance. Esto implica grandes desafíos que son complejos ya que involucran a diferentes actores y en diferentes niveles, legal, cultural, político, social, organizacional y finalmente individual. Este documento brinda algunas recomendaciones para la política pública actual y en menor medida para la implementación organizacional.